Residentes de Cebel Akil protestan contra la demolición de viviendas por parte de las fuerzas armadas turcas

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la indignación de la población en Cebel Akil va en aumento. Decenas de residentes llevaron a cabo nuevas manifestaciones condenando la destrucción de sus viviendas y bienes por parte de las fuerzas turcas.

Las y los manifestantes portaron pancartas en las que reclamaban justicia y la restitución de sus derechos; entre los lemas se podían leer frases como: "Cebel Akil quiere sus derechos, ¿dónde está la justicia?" y "Basta ya de injusticia, queremos nuestras tierras y nuestras propiedades", subrayando su determinación de regresar a sus hogares y su rechazo a las políticas de hechos consumados.

De acuerdo con fuentes del Observatorio, esta tercera protesta en una semana se organizó como respuesta a la demolición de aproximadamente 400 viviendas mediante maquinaria vinculada a una base turca. Las casas pertenecían a residentes desplazados desde 2017. La población local afirmó que estas acciones, llevadas a cabo bajo el pretexto de una "zona de seguridad", constituyen una clara violación de los derechos de propiedad y generan preocupación por posibles cambios geográficos y demográficos permanentes en la región.

Las y los manifestantes hicieron un llamamiento a las organizaciones internacionales y a los organismos de derechos humanos para que intervengan y detengan estas violaciones. Subrayaron que sus protestas continuas envían un mensaje claro de que su causa no será olvidada y que la demolición de sus viviendas no eliminará sus derechos legales e históricos sobre sus tierras.

Los residentes de Cebel Akil ya habían emitido una declaración el 22 de abril desde la ciudad de al-Bab, en la que confirmaban que continuarían con sus protestas pacíficas para recuperar sus tierras y exigir compensaciones por las viviendas demolidas para la construcción de una base militar turca.
Asimismo, el 18 de abril se llevó a cabo una protesta en la ciudad de al-Bab, donde los residentes exigieron la devolución de sus propiedades, convertidas en una base militar desde hace aproximadamente nueve años.

ANHA