Grupos armados ocupan viviendas en el distrito de Ish-al-Warwar en Damasco

Decenas de familias que residen en Ish-al-Warwar están enfrentando un proceso sistemático de apropiación de sus hogares por parte de estos grupos armados. El alcalde, originario del distrito de Barzeh, ha sido señalado por “conspiración” con estas milicias y por facilitar la toma ilegal de propiedades, según un informe del SOHR.

Al menos 50 viviendas han sido ocupadas por estas facciones armadas. Muchos habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares bajo la amenaza de ser arrestados o detenidos por las autoridades de Damasco, basándose en acusaciones previas de “participación en crímenes durante el régimen baasista”, lo que les convierte en objetivos del Servicio de Seguridad General.

Algunos residentes afirmaron que aquellos que intentaron protestar o reclamar sus derechos fueron objeto de insultos y arrestos, lo que obligó a varios de ellos a huir de manera permanente.

Según el SOHR, el temor a ser perseguidos por los organismos de seguridad, sufrir abusos o ser detenidos disuade a muchos de presentar denuncias formales o de revelar su identidad por miedo a represalias.

Las agrupaciones armadas que ocupan estas propiedades justifican sus acciones alegando que las tierras sobre las que se encuentran las viviendas les pertenecen o que fueron previamente confiscadas por el Estado. Esto sucede a pesar de que la mayoría de estos inmuebles están clasificados como propiedades estatales o terrenos en uso, sin documentos oficiales de propiedad, lo cual facilita el proceso de apropiación.

El SOHR citó a un residente que confirmó la incapacidad de los vecinos para enfrentarse a estos grupos armados. Según su testimonio, muchos de los implicados en estas ocupaciones son antiguos residentes del barrio que abandonaron la zona durante los años de guerra y regresaron para establecer su control mediante el uso de la fuerza, en un contexto evidente de ausencia de supervisión legal o rendición de cuentas.

Estas violaciones reflejan el estado de caos jurídico y la falta de responsabilidad en algunas zonas de la capital, lo que agrava el sufrimiento de los habitantes y socava su confianza en cualquier esfuerzo oficial por restaurar sus derechos o garantizar un mínimo de seguridad y estabilidad en sus comunidades.

ANHA