Continúan las confiscaciones de propiedades en Afrin bajo la sombra del “Comité Económico”

La región de Afrin sigue siendo testigo de la incautación de bienes civiles y la imposición de tasas de extorsión por parte del llamado "Comité Económico". Este organismo está compuesto por miembros de facciones respaldadas por Turquía que operan bajo el paraguas del Ministerio de Defensa del Gobierno Interino de Siria.

Según los informes, estas incautaciones se dirigen a tierras, casas y tiendas pertenecientes a ciudadanos kurdos, particularmente expatriados o desplazados por la fuerza, citando su ausencia de la zona. La Organización de Derechos Humanos en Afrin señala que estas prácticas se concentran en el distrito de Rajo del campo de Afrin.

La organización indicó que estos grupos extorsionan sumas que oscilan entre 1.000 y 10.000 dólares a los residentes y retornados a punta de pistola. Estos pagos se exigen a cambio de la recuperación de viviendas o garantías de que los olivares y las prensas de aceite no se verán interferidos; además, los grupos a veces exigen una parte de la cosecha de hasta el 50 por ciento de su valor.

Recientemente, estos grupos no oficiales también han intensificado los esfuerzos para inventariar tierras y olivares en el distrito de Rajo en preparación para su incautación. Justifican estas acciones alegando que los propietarios están ausentes o clasificando las propiedades como activos estatales, ignorando la presencia de los familiares de los propietarios en el área, con el objetivo final de explotar la tierra y vender los productos a terceros.

Las entrevistas con muchos residentes locales recientemente devueltos confirman que los organismos de seguridad y judiciales afiliados al Gobierno Interino no han logrado hasta ahora frenar estas prácticas o responsabilizar a los responsables.

Esta situación limita la capacidad de las personas afectadas para hacer valer sus derechos, ya que temen extorsión, secuestro o asalto.

Según la Organización de Derechos Humanos en Afrin, la persistencia de estas violaciones ha disuadido a cientos de familias de regresar a sus hogares, a pesar del regreso de miles de personas desplazadas a la zona, debido a las preocupaciones sobre la falta de vivienda segura y la extorsión financiera en curso.

Mientras tanto, los activistas advierten que la continuación de estas prácticas exacerba las tensiones sociales, socava la confianza en las instituciones locales y amenaza la estabilidad regional.

ANHA