Violaciones en Serê Kaniyê: 72 desaparecidos, más de 1.200 delitos y abusos

El Comité de Personas Desplazadas de Serê Kaniyê publicó hoy una declaración con motivo del sexto aniversario de la ocupación de la ciudad. La declaración fue leída por la miembro del comité, Maysa al-Ali, en el campo de Serê Kaniyê, en la ciudad de Hasakah, en presencia de varios desplazados.

La declaración pedía la retirada inmediata de las fuerzas de ocupación turcas y sus mercenarios de Serê Kaniyê, así como el retorno seguro y digno de las personas desplazadas a sus hogares, bajo verdaderas garantías constitucionales e internacionales que aseguren su protección y sus derechos. También exigía que los responsables de crímenes de guerra y violaciones contra la población civil fueran llevados ante la justicia a través de mecanismos internacionales independientes.

Asimismo, la declaración hacía un llamamiento a la devolución de las propiedades a sus legítimos dueños, al fin de los cambios demográficos sistemáticos y a la presión sobre el Gobierno Provisional de Siria para que implemente las disposiciones del Acuerdo del 10 de marzo, incluido el retorno de las personas desplazadas.

El texto subraya la necesidad de que las fuerzas nacionales superen sus diferencias y trabajen seriamente para poner fin a la ocupación, al tiempo que destaca que la juventud y los activistas deben preservar su identidad, su pertenencia y su memoria colectiva, evitando el borrado de Serê Kaniyê y de otros territorios ocupados.

El Comité también publicó su informe anual, documentando los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación turcas y sus mercenarios en Serê Kaniyê. El informe fue leído por Fatima Maskani, miembro del comité.

El informe registra violaciones diarias continuas en la ciudad y sus alrededores, entre ellas:

Confiscación de viviendas y tierras agrícolas, saqueo de bienes públicos y privados.

Arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas en centros de detención administrados por grupos armados apoyados por el estado turco ocupante.

Reasentamiento forzoso de familias armadas y desplazados de otras regiones de Siria y del extranjero, con el objetivo de borrar la identidad demográfica original de la zona.

Aparece también un nuevo método indirecto de confiscación de propiedades, que incluye:

Intentos de legalizar la compraventa mediante el ofrecimiento de grandes sumas de dinero a desplazados para que vendan sus tierras y viviendas.

Reuniones y coordinación entre representantes de las facciones, consejos locales ilegales y líderes tribales para convencer a los desplazados de vender sus tierras.

Intentos de otorgar una falsa “legitimidad” a las transferencias de propiedad, pese a realizarse bajo ocupación y sin ninguna validez jurídica ni ética.

El informe enfatiza que tales prácticas forman parte de una política sistemática destinada a consolidar los cambios demográficos y la ocupación mediante medidas que parecen civiles, pero que en realidad son explotadoras y coercitivas.

El documento destaca que las familias desplazadas por la fuerza desde 2019 siguen privadas de regresar a sus hogares, ya que los mercenarios de la ocupación turca continúan transformando el aspecto de la ciudad y de su población originaria mediante la imposición del control y el uso de prácticas inhumanas contra la población civil.

El informe también documenta crímenes y violaciones económicas y sociales continuas en la ciudad y su entorno rural, entre ellas:

Robo de recursos agrícolas y de agua.

Saqueo de bienes públicos y privados, desviando los ingresos hacia las estructuras faccionales.

Uso de aldeas y granjas como bases militares y centros de entrenamiento de mercenarios, en clara violación del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra sobre la protección de la población civil durante los conflictos armados.

El informe confirma que las autoridades turcas buscan reforzar su control administrativo y militar sobre el territorio ocupado, designando consejos locales bajo su supervisión directa desde provincias fronterizas turcas y vinculando la ciudad administrativa y económicamente con localidades como Ceylanpinar y Urfa, en un intento de imponer una nueva realidad ajena a la soberanía siria.

El documento subraya que las acciones de Turquía en los territorios ocupados de Serê Kaniyê y Girê Spî constituyen una clara prueba de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional y las convenciones de la ONU.

El Comité de Personas Desplazadas de Serê Kaniyê instó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a cumplir con sus obligaciones de proteger a la población autóctona, ejercer presión para detener las violaciones en curso contra los civiles y garantizar un retorno seguro y digno de las personas desplazadas, de conformidad con el derecho internacional.

Los datos estadísticos del informe confirman que el 87 % de la población original ha sido desplazada y que solo 44 kurdos permanecen en Serê Kaniyê y Girê Spî.

El número de familias reubicadas por los mercenarios en Serê Kaniyê alcanzó las 3.200, incluidas 75 familias vinculadas a la ocupación turca y a ISIS.

Los mercenarios confiscaron 6.300 viviendas, 1.900 locales comerciales y casi todas las tierras agrícolas pertenecientes a los kurdos, lo que representa un 98 % del total.

El número de aldeas parcialmente destruidas ascendió a cinco, mientras que la aldea de Ain Hissan fue completamente arrasada y convertida en centros de entrenamiento y campamentos militares.

Sesenta y cinco aldeas quedaron totalmente vacías de sus habitantes originarios, y cinco aldeas fueron utilizadas por los mercenarios para el cultivo de drogas.

En la ciudad y sus alrededores se registraron 15 casos de violencia sexual, 1.275 casos de arrestos, desapariciones, ejecuciones y torturas, 72 civiles desaparecidos, 130 enfrentamientos entre mercenarios, 20 asesinatos en la frontera con Turquía y 75 explosiones en la ciudad.

ANHA