Una informe de HEW pide responsabilidad por los crímenes sectarios en la costa de Siria

HTW, la ONG Siria por la Verdad y la Justicia y el Archivo Sirio explican  en un informe publicado hoy, martes, que el gobierno de transición sirio se había comprometido a rendir cuentas por la violencia que azotó tres provincias en marzo de 2025. Sin embargo, solo ha proporcionado una transparencia limitada en cuanto a si la investigación examinó el papel de los altos líderes militares y civiles, o qué medidas se tomarían a continuación para garantizar que los que están en el poder rindan cuentas.

El informe documenta amplias violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales de transición y los grupos armados aliados, incluidas las ejecuciones sumarias, la destrucción deliberada de la propiedad y el maltrato de los detenidos. Subraya que estos crímenes tuvieron lugar como parte de una operación militar coordinada centralmente supervisada por el Ministerio de Defensa del gobierno de transición.

Hiba Zayadin, investigadora sénior de Siria en HRW, dice: "Retener al gobierno en su reconocimiento de las atrocidades es un paso adelante, pero no llega a hacer justicia a los altos funcionarios que permitieron estos crímenes o no pudieron detenerlos. La impunidad continua allana el camino para más represalias y atrocidades".

Según el informe, la violencia estalló el 6 de marzo con operaciones de seguridad por parte de las fuerzas gubernamentales de transición en toda la región, dirigidas principalmente a las comunidades alauitas, y estuvo marcada por violaciones y crímenes a gran escala basados en la identidad.

Los hallazgos se basaron en más de 100 entrevistas con víctimas, testigos, combatientes y periodistas, así como en materiales audiovisuales verificados e imágenes de satélite. Mostraron que las violaciones afectaron a más de 24 ciudades, aldeas y vecindarios entre el 6 y el 10 de marzo.

El informe afirma que "el Ministerio de Defensa desempeñó un papel fundamental en la movilización de combatientes y la coordinación de su despliegue, mientras que el liderazgo militar continuó con sus operaciones a pesar de estar al tanto de graves violaciones".

El 22 de julio, el "Comité Nacional de Investigación de Siria" anunció que al menos 1.426 personas habían muerto y que las autoridades habían remitido a 298 sospechosos a los tribunales. Sin embargo, el comité no abordó el papel de los altos funcionarios para permitir o no prevenir las violaciones, sino que enmarcó los eventos como actos personales de venganza.

El informe enfatiza que la credibilidad del gobierno de transición se medirá mediante sus próximos pasos, incluida la publicación del informe completo, garantizar la rendición de cuentas a todos los niveles y evitar la dependencia de la enjuiciamiento de individuos de forma aislada. También pidió permitir el acceso a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, la aplicación de reformas estructurales y de seguridad, la investigación de antecedentes de los combatientes y la expulsión de los implicados en los abusos.

El director del programa del Archivo Sirio, Julnar Ahmad, dijo: "No se trata solo de lo que sucedió en una semana de marzo. Apunta a un patrón más amplio que requiere remedios estructurales y transparentes".

ANHA