Las cuestiones legales y políticas socavan la legitimidad de las elecciones de la "Asamblea del Pueblo" de Siria

Las "elecciones" anunciadas por el Gobierno interino sirio tienen lugar en medio de profundas divisiones políticas y sociales y la falta de un acuerdo nacional sobre el futuro del país. A pesar de los intentos del gobierno de presentarlas como un paso hacia la "restauración de la legitimidad", estas elecciones han suscitado críticas generalizadas debido a importantes fallas legales y políticas.

Fundamentos legales que debilitan la legitimidad

Las elecciones de la "Asamblea Popular" se están celebrando sin una ley electoral efectiva o mecanismos para garantizar la plena representación de todos los componentes sociales. El sistema electoral sigue basándose en grandes circunscripciones a nivel de gobernación en lugar de distritos más pequeños, sin listas electorales, y los partidos políticos permanecen en gran medida inactivos. El sistema de votación indirecto que empleaba corre el riesgo de excluir a muchos grupos de la representación parlamentaria.

El decreto presidencial que anunciaba las elecciones no hacía referencia a una ley electoral operativa que guiara el trabajo del Alto Comité, tras la anulación de la ley electoral previamente válida por la llamada "Conferencia de la Victoria" celebrada el 29 de enero de 2025. El presidente del comité declaró que se preparó una ley electoral temporal, pero esta ley no se ha hecho pública dentro de los círculos sirios.

El Gobierno Interino modificó rápidamente la ley electoral sin consultar a las fuerzas nacionales ni realizar ningún voto popular. Por ejemplo, el período de campaña se redujo a solo una semana, y al Alto Comité se le otorgó la autoridad para excluir a los candidatos por "motivos de seguridad" vagos, una cláusula flexible que permite la exclusión sin justificación clara.

Los observadores señalan que el decreto firmado por Ahmad Al-Shar que aprueba el sistema electoral temporal sirve para legitimar un proceso superficial mientras el país permanece sumido en profundas crisis políticas y económicas, lo que convierte a las elecciones en una formalidad vacía desprovista de sustancia democrática.

Además, el sistema electoral temporal consolida el poder ejecutivo: Ahmad al-Sharaa nombra a un tercio de los miembros de la asamblea y supervisa la formación de órganos electorales a través de subcomités cuidadosamente seleccionados, convirtiendo el parlamento en una fachada nominal e intensificando el control sobre la institución legislativa.

Muchos círculos de oposición siria han descrito estas enmiendas como "una reproducción de prácticas autoritarias", enfatizando que "las leyes unilateralmente redactadas no pueden producir legitimidad, sino más bien arraizar el dominio de una facción a expensas de otros sirios". En este contexto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que "cualquier elección celebrada sin un contrato social integral no puede considerarse legítima o representativa del pueblo sirio".

No se ha permitido que los órganos judiciales independientes u organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas o la Unión Europea, supervisen el proceso electoral. La ONU ha enfatizado repetidamente que "las elecciones en Siria deben llevarse a cabo dentro de un proceso político integral, bajo supervisión internacional y con la participación de todos los sirios dentro y fuera del país".

Dados los complejos desafíos demográficos y logísticos, incluidos millones de personas desplazadas y refugiados y la ausencia de documentos de identidad, el Alto Comité recurrió a un mecanismo de elección indirecta basado en los órganos electorales designados por el Gobierno Interino sin consulta.

Elecciones sin fundamentos políticos

Este proceso electoral excluye a partidos clave como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, junto con varias corrientes políticas y civiles que representan a la mayoría de los sirios. La Administración Autónoma describió las elecciones como un "teatro unilateral" y declaró que "cualquier proceso electoral que no incluya todos los componentes étnicos y políticos es una receta para el fracaso".

Los residentes de Sweida protestaron durante varios días, expresando su rechazo a las elecciones, que etiquetaron como una medida autoritaria por parte del gobierno de Damasco. El Consejo Islámico Supremo de Alauí en Siria y la diáspora emitieron un rechazo categórico de las elecciones, consituyéndolas ilegítimas y una cobertura para nombramientos que no reflejan la voluntad de los sirios.

El país sigue dividido debido a las políticas llevadas a cabo por el gobierno central en Damasco, y las elecciones no se celebran en el norte y el este de Siria o Sweida.

Además, muchas áreas sirias siguen ocupadas por Turquía y las milicias aliadas. Se espera que las elecciones en estos territorios ocupados sean simbólicas e influenciadas por estas facciones. Han surgido informes que alegan que algunos candidatos pagaron sumas exorbitantes de hasta 200.000 dólares para asegurar escaños en la Asamblea Popular.

En consecuencia, las elecciones serán geográfica y demográficamente limitadas. Muchos observadores sostienen que "ninguna elección puede ser representativa cuando casi la mitad del pueblo sirio, refugiados, desplazados y excluidos están ausentes del proceso político".

Consecuencias esperadas

El "parlamento" recién elegido carecerá de aceptación nacional, probablemente profundizando las divisiones y obstruyendo los esfuerzos hacia la resolución política y la reconciliación nacional. Las facciones sirias que se sientan marginadas y excluidas del proceso verán este parlamento como ilegítimo, contradiciendo las afirmaciones del Gobierno Interino de las negociaciones con las fuerzas sirias, especialmente representantes del norte y este de Siria y Sweida.

También es poco probable que las elecciones obtengan un reconocimiento serio por parte de la Unión Europea o las Naciones Unidas, debilitando la posición del Gobierno interino en cualquier negociación próxima.

Las experiencias pasadas proporcionan paralelismos instructivos: por ejemplo, las primeras elecciones de posguerra de Irak en 2005, a pesar de las crisis políticas del país, se celebraron bajo supervisión internacional con una amplia participación política tras largas negociaciones a pesar de las profundas divisiones.

Del mismo modo, las elecciones parlamentarias de Libia de 2014 no lograron la unidad institucional debido a la falta de consenso y al rechazo por parte de algunas facciones, una situación que persiste hoy en día. Siria corre el riesgo de repetir este escenario en medio de la ausencia de acuerdo nacional y supervisión de la ONU.

Las elecciones a la Asamblea Popular anunciadas por el Gobierno Interino carecen de fundamentos genuinos de legitimidad. Las enmiendas legales unilaterales, un vacío constitucional y la exclusión de fuerzas clave las hacen más una maniobra política que un proceso democrático. Sin una base constitucional integral, supervisión internacional y participación inclusiva, estas elecciones serán simplemente otro capítulo en la actual crisis de Siria.

ANHA