Más de 100 trabajadores de la salud despedidos en Masyaf y Hama, en medio de preocupaciones sectarias

En un movimiento repentino que plantea muchas preguntas sobre sus motivos y estándares, el Ministerio de Salud afiliado al gobierno interino de Siria ha rescindido los contratos de más de 100 empleados del Hospital Nacional Masyaf, según fuentes médicas. Los despidos incluyeron médicos de varias especialidades, enfermeras, trabajadores y conductores, y la mayoría de los afectados supuestamente pertenecían a la secta alauí.

La decisión se produce en un momento en que el sector de la salud de Siria ya está sufriendo graves crisis, sobre todo una escasez de personal médico calificado y la continua emigración de muchos profesionales en el extranjero.

Según las mismas fuentes, las terminaciones de contrato afectaron a los empleados que trabajaban en contratos a plazo fijo en el hospital, algunos de los cuales habían servido durante más de diez años. También confirmaron que una ola similar de despidos afectó a médicos especialistas en el Hospital Nacional de Hama y la Dirección de Salud de Hama, ampliando el alcance del problema y sugiriendo que las medidas pueden ser sistemáticas.

La conmoción y la ira se han extendido entre los médicos y trabajadores de la salud tras la decisión del Ministerio de Salud de rescindir los contratos. Muchos expresaron su indignación y consternación por una decisión tomada en medio de condiciones de vida y salud extremadamente difíciles, describiéndola como injusta y sectaria.

Un médico despedido de Masyaf, que pidió no ser nombrado, dijo:

"Los médicos sirios son considerados como modelos a seguir en el extranjero por la profundidad de su conocimiento y la riqueza de su experiencia, sin embargo, aquí estamos siendo despedidos. Atravisamos un período en el que temíamos una escasez de anestesiólogos, y el sistema de salud estaba a punto de romperse debido a su salida masiva. Ahora hemos llegado a una etapa aún más insidiosa: esta decisión empujará a todos los médicos a pensar seriamente en irse y no permanecer como contratistas en hospitales que evaden su responsabilidad hacia ellos".

Otro empleado despedido expresó un sentido generalizado de injusticia, dibujando una comparación dolorosa:

"¿Dónde está la justicia en esto? Los empleados de las ONG en Idlib ganan salarios de hasta 2.000 dólares, y los especialistas pueden ganar el doble o el triple de esa cantidad, mientras que los empleados estatales no ganan más de 80 dólares y, sin embargo, siguen siendo atacados. ¿Qué clase de corrupción es esta? La justicia es la base de todo".

Una enfermera de primera categoría que fue despedida emitió una apelación, diciendo:

"Hacemos un llamado al Ministro de Salud y le instamos a reconsiderar esta decisión injusta, especialmente bajo estas duras condiciones de vida... Esperamos que todos sean reintegrados. Hemos pasado diez años en el hospital, comprometidos con nuestro trabajo y deberes en todas las circunstancias".

Esta decisión coloca al Ministerio de Salud bajo un escrutinio serio en múltiples niveles. En primer lugar, con respecto a los criterios de despido: la decisión carece de transparencia con respecto a las normas profesionales o administrativas en las que se basó. Además, la composición demográfica de los despedidos apunta a preocupaciones que van más allá de la competencia y en otras consideraciones, creando una atmósfera de miedo y desconfianza entre el resto del personal médico.

En segundo lugar, muchos sirios lo ven como otro golpe para un sector de la salud ya frágil. La decisión se produce en medio de una "hemorragia" en curso de talento debido a la emigración. Los comentarios del médico despedido sobre los anestesiólogos destacan un doble riesgo: la pérdida de la experiencia actual y el impulso para que los profesionales restantes consideren seriamente la emigración o abandonen los contratos con el estado, amenazando el colapso de los servicios esenciales en los hospitales clave.

También hay una fuerte contradicción destacada por la comparación entre los salarios de los empleados de ONG internacionales (alrededor de $2,000) y los de sus contrapartes en el sector público (alrededor de $80). Esta vasta brecha impulsa a los profesionales calificados a buscar oportunidades fuera del servicio gubernamental, una contradicción de la que las políticas gubernamentales en la gestión tanto de los sectores económico como de la salud son responsables.

Los observadores enfatizan que la decisión de rescindir los contratos de docenas de trabajadores de la salud en Masyaf y Hama abre un archivo delicado y complejo relacionado con la gestión del sector de la salud y las normas que rigen la contratación y el despido, mientras los círculos médicos y locales esperan una aclaración oficial.

ANHA