Los empleados que vuelven a las instituciones gubernamentales provisionales se enfrentan a la presión para renunciar

Con la expiración del período de vacaciones pagadas para los trabajadores de las instituciones estatales, de conformidad con una decisión oficial emitida por la Secretaría de la Presidencia del Gobierno Interino el 27 de agosto, que obliga a que los empleados vuelvan al trabajo a partir del 1 de septiembre, los empleados que regresan de varias instituciones han sido sometidos a presiones por parte de las nuevas administraciones nombradas bajo el Gobierno Interino.

Según los informes recopilados por la agencia ANHA, varios empleados han indicado que las autoridades de Damasco están aumentando la presión sobre el personal que regresa, con el objetivo de "empujarlos a renunciar o dejar sus trabajos, especialmente dentro de las instituciones gubernamentales de la capital".

Los testimonios revelan que las entrevistas realizadas con los devueltos se centran desproporcionadamente en sus antecedentes familiares, particularmente en los parientes que sirvieron en el antiguo ejército o ocuparon puestos de liderazgo. Varios empleados informaron que las esposas y familiares de algunos "oficiales" han sido humillados, con ofertas de trabajo hechas que no coinciden con sus calificaciones, lo que provocó un descontento generalizado.

En el Ministerio de Educación, las fuentes declararon que a algunos empleados que regresaron al trabajo después de una pausa de ocho meses se les pidió que dejaran sus puestos nuevamente con el pretexto de ser "parientes de los fallecidos" del antiguo régimen, a pesar de que sus nombramientos se hicieron a través de exámenes oficiales competitivos. Un empleado, que solicitó el anonimato debido a problemas de seguridad y ocupa un puesto de supervisor de categoría uno, confirmó a la agencia ANHA que trabajó durante más de cinco años, pero el gobierno interino se negó a reconocer su decisión de nombramiento.

Además, a los que tenían contratos temporales se les pidió que presentaran renuncias y sus contratos no se renovaron, aunque también habían sido nombrados a través de concursos oficiales.

Los empleados describen estas medidas como arbitrarias, que encajan dentro de una política destinada a reducir el número de mano de obra o transferir empleados a otras instituciones sin una justificación clara. Son reemplazados por contratistas organizados por las administraciones del Gobierno Interino, a menudo de Idlib, que carecen de suficiente experiencia pero reciben salarios más altos pagados en dólares estadounidenses.

La información de los empleados que regresan indica que algunos entrevistadores carecen de calificaciones universitarias a pesar de evaluar a los empleados de categoría uno, algunos de los cuales han ocupado puestos administrativos de alto nivel con más de veinte años de experiencia.

Además, los retornados han sido interrogados sobre el servicio militar de sus familiares en el "ejército" (refiriendo a las fuerzas del antiguo régimen sirio), que consideran una violación de las normas profesionales y un insulto a los empleados que regresan de una licencia remunerada forzada.

Los empleados confirman que "la mayoría afectada por estos procedimientos pertenece a la secta alauita", planteando preguntas sobre los motivos detrás de estas políticas y pidiendo una revisión de los mecanismos que se ocupan de los empleados que regresan para garantizar que se respeten sus derechos legales y profesionales.

El 29 de agosto, nuestra agencia publicó un informe titulado "El destino desconocido espera a decenas de miles de empleados en Siria", abordando este tema, seguido de otro informe el 1 de septiembre titulado "La prohibición de regresar al trabajo viola el decreto presidencial sobre los empleados sirios".

Estos informes destacaron el sufrimiento de los empleados debido a las acciones y medidas adoptadas por las administraciones nombradas por el gobierno interino que sustituyen a la antigua gestión de la institución, y las políticas que han seguido.

ANHA