Las autoridades turcas rechazan reconocer el “derecho a la esperanza” para los condenados a cadena perpetua agravada

Turquía ha presentado un plan de acción al Comité de Ministros del Consejo de Europa en el que reafirma oficialmente su negativa a reconocer el llamado “derecho a la esperanza” para las personas condenadas a cadena perpetua agravada. Este paso ha generado un intenso debate sobre el compromiso de Ankara con los estándares europeos en materia de derechos humanos.

En el plan, presentado el 27 de junio de 2025, se analiza la responsabilidad del Estado frente a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictadas en los casos de Emin Gurban, Ciwan Boltan, Hayati Kaytan y del líder Abdullah Ocalan.

En dichas resoluciones, el TEDH sostuvo que privar a los presos condenados a cadena perpetua agravada de toda posibilidad de revisión de la pena o de cualquier vía para obtener la liberación constituye una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos y penas inhumanos o degradantes.

En el Plan de Acción se afirma que, a pesar de que el líder Abdullah Ocalan lleva detenido en régimen de aislamiento desde 1999, “no se requieren medidas individuales adicionales”. Esta afirmación confirma que el régimen de tortura y genocidio en Imrali continuará, a pesar de las decisiones del TEDH.

Negación del derecho a la esperanza

Bajo el apartado titulado “libertad condicional”, el gobierno turco sostiene que las penas de cadena perpetua agravada son “excepcionales” y que las personas condenadas bajo esta modalidad no pueden acogerse al mecanismo de liberación condicional. En consecuencia, Turquía ha declarado oficialmente que no modificará su legislación en lo relativo al “derecho a la esperanza”.

Esta postura se alinea con las declaraciones previas del ministro de Justicia de Turquía, Yılmaz Tunç, realizadas en mayo del año pasado, en las que afirmó que “no habrá tales cambios” en relación con el caso del líder Abdullah Ocalan. Esta posición, que antes era una simple declaración, se ha convertido ahora en una política oficial del Estado.

ANHA