La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria publica un informe tras su visita al país

La comisión realizó la visita entre el 1 y el 7 de julio. Durante su estancia se reunió con representantes del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Además de Damasco y sus alrededores, Alepo, Raqqa y Hasaka, la comisión visitó las provincias de Homs y Quneitra. Tras concluir la misión, publicó un informe en el que presenta sus recomendaciones sobre las principales cuestiones que afectan a la población siria.

Justicia transicional y rendición de cuentas

La comisión calificó como un avance positivo el progreso en la elaboración de una ley de justicia transicional y el inicio de procesos judiciales por violaciones cometidas durante el periodo anterior. Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar juicios justos, exigir responsabilidades por los hechos ocurridos en la región costera y en Suwayda, y ampliar la participación de las víctimas y de las comunidades en el proceso de justicia.

Situación de las personas detenidas

La comisión expresó su preocupación por la continua detención de miles de personas sin una supervisión judicial efectiva. También instó a esclarecer el destino de los detenidos y a garantizar que todos los procedimientos de detención se ajusten a la legalidad.

Derechos de propiedad y derecho a la educación

La comisión pidió acelerar los esfuerzos para resolver los litigios sobre propiedades y compensar a las personas afectadas. También reclamó que se garantice la protección de los derechos de la población originaria.

Asimismo, acogió con satisfacción los esfuerzos para unificar los planes de estudio y reconocer los certificados académicos. No obstante, manifestó su preocupación por las interrupciones en los exámenes de algunos estudiantes de Suwayda debido a la situación de seguridad.

Discurso de odio y libertad de expresión

La comisión destacó la importancia de combatir la incitación al odio al tiempo que se protege la libertad de expresión. También hizo un llamamiento a fomentar la cohesión social mediante los medios de comunicación y los programas educativos.

Homs y Quneitra

La comisión expresó su preocupación por los asesinatos por venganza registrados en Homs y subrayó la necesidad de investigar estos incidentes.

En la provincia de Quneitra, documentó las consecuencias de las incursiones israelíes. Asimismo, instó a Israel a reabrir las carreteras agrícolas y liberar a los civiles detenidos.
Norte y noreste de Siria

La comisión manifestó su preocupación por las condiciones de vida de las personas desplazadas en algunos campamentos del noreste de Siria, especialmente en el campamento de Roj. También pidió resolver la situación de los niños y las mujeres que permanecen allí para facilitar su regreso a sus países de origen.

El informe señala una mejora de la situación de seguridad en Afrin en comparación con periodos anteriores. Asimismo, insta al Gobierno de Transición Sirio a intensificar los esfuerzos para facilitar el retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de todas las personas desplazadas internas. Entre ellas figuran unas 1.000 familias desplazadas de otras zonas que actualmente residen en Afrin. La comisión subrayó además la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos de propiedad.

En cuanto a la provincia de Hasaka, la comisión informó de que se reunió con diversas partes interesadas. También destacó la liberación de más de 1.000 prisioneros capturados durante la última escalada de enero.

Asimismo, instó al Gobierno de Transición Sirio a intensificar los esfuerzos para esclarecer el destino y el paradero de otras 800 personas cuyo estado sigue siendo desconocido.

La comisión confirmó que continuará supervisando estos casos y formulando recomendaciones para promover la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y el apoyo a la estabilidad en Siria.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria fue creada el 22 de agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución S-17/1. Su mandato consiste en investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas desde marzo de 2011.

ANHA