Abogados en al-Tabqa: continuar negando al líder el "derecho a la esperanza" es una violación de las normas internacionales

El "derecho a la esperanza" es uno de los principios establecidos en la legislación europea de derechos humanos, y fue reforzado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su importante fallo de 2013 en el caso de Vinter and Others contra el Reino Unido, donde dictaminó que cadenas perpetuas sin ninguna posibilidad legal de revisión o liberación constituyen un trato inhumano y violan el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe el trato o castigo inhumano o degradante.

En este contexto, dos activistas de derechos humanos en la región de Al-Tabqa expresaron su preocupación por la ausencia de medidas legales para implementar este principio en el caso del líder Abdullah Ocalan, quien ha estado encarcelado durante más de 25 años.

El abogado Mahmoud al-Ghabash, miembro de la Unión de Abogados en Al-Tabqa, declaró que el líder Abdullah Ocalan "cumple con todas las condiciones objetivas para activar el derecho a la esperanza, ya sea en términos de la duración de la detención, su edad avanzada o condiciones de salud", y agregó que "la falta de aplicación de este derecho refleja motivos políticos que van más allá de las consideraciones legales y representa una herramienta para presionar al pueblo kurdo y un intento de borrar sus derechos civiles y políticos".

Al-Ghabash señaló que "el comité ministerial del Consejo Europeo había dado a Turquía, en su sesión del 20 de septiembre de 2023, la oportunidad de revisar su sistema penal relacionado con la cadena perpetua, especialmente en relación con el caso del líder Abdullah Ocalan, sin que Ankara realizara enmiendas sustanciales". Mencionó que "seguir ignorando estos llamamientos constituye una violación de las obligaciones de Turquía como parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

En cuanto al abogado Ahmed Mohamed Khader, señaló que "la privación continua del líder de comunicarse con su familia y su abogado, y la falta de transparencia con respecto a su estado de salud, constituye una doble violación de los derechos fundamentales". Explicó que "las sentencias de cadena perpetua en los sistemas legales modernos a menudo se revisan después de 20 años, sin embargo, no se ha concedido ninguna revisión en este caso, a pesar de que el líder tiene más de setenta años, lo que justifica la liberación humanitaria".

A su vez, el abogado Mahmoud Hamsho señaló que "la razón fundamental de esta insistencia turca en ignorar el derecho a la esperanza es la naturaleza del proyecto político e intelectual que lleva, que contradice las políticas nacionales prevalecientes". Añadió: "La continuación de este enfoque socava la credibilidad de Turquía ante la comunidad internacional y es un indicio de su incumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos".

Los dos activistas de derechos humanos concluyeron haciendo hincapié en que la aplicación del "Derecho a la esperanza no es solo una obligación legal, sino que representa una puerta de entrada a la justicia de transición y la estabilidad política". Afirmaron que "el caso del líder se ha convertido en un punto de referencia para medir el compromiso de los países con los derechos humanos, instando a las instituciones internacionales a ejercer una presión real para garantizar el cumplimiento de Turquía de sus compromisos en materia de derechos humanos".

ANHA