Francia exige que Lafarge sea multada por presunta financiación del terrorismo en Siria

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha solicitado que la cementera Lafarge sea sancionada con una multa de 1.125 millones de euros, acusándola de haber “financiado a organizaciones terroristas en Siria durante los años del conflicto”.

El Ministerio Público pide, además de la multa, la confiscación de activos por un valor de 30 millones de euros y la imposición de sanciones aduaneras solidarias estimadas en varios miles de millones de euros. Asimismo, solicita penas de prisión de hasta ocho años para ocho ex altos ejecutivos de la empresa.

La fiscalía acusa a Lafarge de haber pagado millones de euros, a través de su filial siria, entre 2013 y 2014, a grupos catalogados como organizaciones terroristas, entre ellos ISIS y el Frente al-Nusra, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones de su planta ubicada en la zona de al-Jalabiya, al sur de la ciudad de Kobane, pese a las sanciones internacionales y a la intensificación de la guerra.

Según la acusación, la alta dirección de la empresa tenía conocimiento de estos pagos y los aprobó, llegando a sostener que ISIS se había convertido, de facto, en un socio comercial de Lafarge durante ese periodo.

Entre los acusados, la fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión para el exdirector ejecutivo Bruno Lafont, además de una multa y una inhabilitación de diez años para ejercer cargos de dirección. En cuanto al intermediario sirio Firas Tlass, juzgado en rebeldía, se pidieron las sanciones más severas: ocho años de prisión y la emisión de una orden internacional de detención.

El caso se remonta a una investigación iniciada en 2017, tras denuncias presentadas por ONG y antiguos empleados, quienes acusaron a la empresa de financiar el terrorismo y de poner en peligro a trabajadores sirios al mantener la fábrica en funcionamiento hasta que fue tomada por ISIS.

El tribunal se encuentra actualmente a la espera de los alegatos de la defensa antes de emitir su veredicto final en uno de los casos más emblemáticos sobre la responsabilidad penal de grandes corporaciones por violaciones cometidas en el contexto de conflictos armados.

ANHA