Cuatro civiles son detenidos en Serekaniye y trasladados a Turquía

Una familia desplazada de la ciudad de Serekaniye informó que miembros de las facciones de la llamada “Policía Militar” presentes en la ciudad detuvieron a su hijo, Juma Ahmed al-Azzo, junto con otras tres personas en la zona rural de Serêkaniyê mientras visitaban el área.

La familia añadió que Juma al-Azzo es originario de la aldea de al-Manajir, al sur de la ciudad, y que se dirigía a Serekaniye acompañado por Mahmoud Hobo y su hijo Walat, ambos residentes de la ciudad de Tel Tamr, así como por Ahmed Qassem al-Awad, residente en la zona de Serêkaniyê.

Según la familia, la detención tuvo lugar cerca de la aldea de al-Aliya. Cuando intentaron averiguar el destino de los detenidos, descubrieron que la “Policía Militar” los había entregado a la inteligencia turca, tras lo cual fueron trasladados a territorio turco.

La familia confirmó que el paradero de los detenidos sigue siendo desconocido, ante la ausencia de información oficial o de cualquier tipo de comunicación con ellos, lo que genera una gran preocupación por su seguridad y sus condiciones de detención.

El traslado de civiles sirios fuera de su país sin procedimientos legales claros ni garantías judiciales constituye una violación evidente del derecho internacional y de las normas vigentes, en particular de los Convenios de Ginebra, que prohíben el traslado forzoso de personas desde territorios ocupados a otro Estado, así como del derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza el derecho a la libertad, la seguridad y la protección frente a detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas.

En los últimos tiempos, algunos residentes desplazados han regresado de forma individual a la ciudad de Serekaniye, solo para encontrar sus aldeas y viviendas destruidas y saqueadas, según fuentes locales, por grupos armados respaldados por Turquía.

Los habitantes de Serêkaniyê esperan poder garantizar un retorno seguro y estable a sus zonas sin enfrentarse a detenciones o extorsiones, conforme al acuerdo firmado el 29 de enero de este año, que debería asegurar la protección de los civiles y salvaguardar sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de movimiento y el derecho a regresar con seguridad a sus hogares de origen.

ANHA