Decreto de Amnistía General entre texto constitucional; límites de legitimidad / Diaa Iskandar

El decreto general de amnistía emitido por el jefe del gobierno interino, Ahmad al-Sha'ara', ha provocado una amplia ola de debate legal y político. La atención se ha centrado en la cuestión de la autoridad constitucional, a saber, determinar qué parte está legalmente facultada para otorgar una amnistía general, ya que este es el punto decisivo para definir el decreto y sus consecuencias.

Según lo que se ha anunciado en el marco de la fase de transición, los poderes del presidente de transición están definidos por las disposiciones de la Declaración Constitucional. Estos poderes incluyen el derecho a conceder un indulto especial (artículo 40 del mismo), es decir, la remisión o reducción de una pena impuesta a una persona específica después de que se haya emitido una sentencia judicial en su contra.

Sin embargo, una amnistía general es fundamentalmente diferente desde un punto de vista legal. No se limita a remitir la pena; más bien, elimina el carácter criminal del acto en sí, borra sus consecuencias legales y se aplica a amplias categorías no limitadas a personas específicamente nombradas.

Aquí radica el problema:

Una amnistía general cae dentro de la jurisdicción de la autoridad legislativa, ya que afecta al orden público, los derechos de la sociedad y de las víctimas, y remodela la responsabilidad legal a gran escala. Por su naturaleza, es un acto legislativo con efecto amplio, que se extiende a toda la estructura jurídica y que importa una modificación en la caracterización legal de los actos y sus consecuencias. Por esta razón, la práctica constitucional en la mayoría de los sistemas ha establecido que una amnistía general se emite por ley a través del parlamento o por un organismo constituyente investido de autoridad legislativa.

En el contexto sirio actual, aún no se ha formado una Asamblea Popular elegida o un órgano legislativo plenamente autorizado. Este vacío legislativo no otorga automáticamente a la autoridad ejecutiva el derecho a sustituirse por la autoridad legislativa en asuntos fundamentales, en particular los que afectan a la justicia transitoria y los derechos de los perjudicados. El principio que rige las autoridades transitorias es que deben adherirse estrictamente al texto de la Declaración Constitucional, no ampliar su interpretación ni superarla con el pretexto de la necesidad.

Cualquier amnistía general emitida por el presidente de transición sin una disposición explícita que otorgue dicha autoridad es, desde un punto de vista puramente legal, una decisión que carece de fundamento constitucional.

Si el objetivo es político, es decir, calmar la situación o abrir un nuevo capítulo, el camino legal para lograrlo radica en una de las dos únicas opciones:

Enmiendar la Declaración Constitucional para otorgar al presidente o a un organismo específico la autoridad para emitir una amnistía general.

Establecer un órgano legislativo temporal o una autoridad nacional consensuada para promulgar una ley general de amnistía a través de mecanismos declarados.

Una amnistía general no es simplemente una herramienta política; es una decisión que afecta a la justicia y a los derechos de las víctimas y puede resultar en la desestimación de las fiscalías públicas, las reclamaciones de compensación y los derechos personales. Por lo tanto, no debe concederse mediante una decisión individual de la autoridad ejecutiva, ya que esto infringiría el principio de separación de poderes, uno de los pilares de cualquier sistema constitucional, incluso durante los períodos de transición. La cuestión, entonces, se refiere al alcance de la adhesión a los principios constitucionales que definen los límites y poderes de la autoridad. La legitimidad durante las fases de transición es inherentemente frágil, y cualquier expansión de poderes más allá del texto abre una puerta peligrosa a precedentes arraigados que luego pueden usarse para justificar nuevas violaciones.

Construir un estado gobernado por el estado de derecho comienza con respetar los límites de la autoridad, no con las buenas intenciones detrás de su uso. La fase de transición, sean cuales sean sus necesidades, no justifica la elusión de los textos constitucionales; más bien, requiere una adhesión aún más estricta a ellos.

En última instancia, la pregunta más importante sigue siendo:

¿La amnistía pretende ser un paso hacia la justicia y la estabilidad? ¿O eludir la fundación constitucional la transformará en una nueva fuente de disputa, añadiendo más confusión a un panorama político ya problemático?

ANHA