Piden apoyo internacional para Pakhshan Azizi

La activista civil y prisionera política kurda Pakhshan Azizi se enfrenta a una condena a muerte. Una vez más, el caso ha vuelto a poner en el centro del debate las violaciones de derechos humanos y el uso de la pena capital contra opositores y críticos políticos en Irán.

Pakhshan Azizi permanece detenida desde 2023 y, según los informes publicados, ha pasado meses recluida en régimen de aislamiento. Asimismo, ha sido sometida a condiciones que las organizaciones de derechos humanos describen constantemente como un ejemplo de presión psicológica y tortura blanca.

De acuerdo con la información difundida, durante el proceso judicial Pakhshan Azizi sufrió graves restricciones en el acceso a un abogado y a sus derechos fundamentales de defensa. La condena a muerte fue dictada en un entorno de seguridad y lejos de los estándares reconocidos de un juicio justo. Activistas de derechos humanos señalaron que la repetición de este tipo de prácticas demuestra que el sistema judicial de la República Islámica continúa utilizando causas de seguridad y acusaciones graves para silenciar la voz de los manifestantes. Los activistas subrayaron que estos procedimientos se han convertido en una práctica recurrente en el tratamiento de los presos políticos.

La acusación de “rebelión” presentada contra Pakhshan Azizi ha sido utilizada en numerosas ocasiones en los últimos años contra activistas políticos kurdos, manifestantes y prisioneros.

“Rebelión” es un delito ambiguo que permite a las autoridades judiciales y de seguridad interpretar actividades civiles y políticas como actos contra el Estado.

Abogados y organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente que el uso generalizado de este tipo de acusaciones no responde a la búsqueda de justicia, sino que constituye una herramienta para sembrar miedo, reprimir a la sociedad e impedir la expansión de las protestas civiles. Según afirman, las condenas a muerte en casos políticos cumplen una función de seguridad y control político, y no una función judicial.

Debido al aumento de la presión y la represión contra activistas civiles y políticos kurdos en el Kurdistán Oriental, el caso de Pakhshan Azizi se ha convertido en uno de los principales titulares de los últimos años. Las detenciones masivas, las duras condenas y las ejecuciones de presos políticos kurdos han sido condenadas y criticadas repetidamente por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.

Activistas civiles consideran que el gobierno iraní intenta sofocar y controlar cualquier actividad de protesta y cualquier demanda social endureciendo las políticas de seguridad en el Kurdistán Oriental. Un proceso que, según afirman, solo provocará un clima aún más amplio de ira y desconfianza dentro de la sociedad.

El “Comité para la Liberación de los Presos Políticos” condenó la sentencia de muerte contra Pakhshan Azizi y la calificó como un ejemplo evidente de violaciones de derechos humanos y de la continuidad de la política de intimidación en Irán. El comité subrayó que el uso de la pena de muerte contra activistas políticos constituye un intento de silenciar las voces de la libertad y de sembrar miedo en la sociedad.

Asimismo, la organización hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación, a las instituciones internacionales y a la opinión pública para que actúen de inmediato con el fin de detener la ejecución de Pakhshan Azizi y abolir la pena de muerte en Irán.

En un momento en el que la vida de una prisionera política está en peligro, activistas de derechos humanos advierten que el silencio de la comunidad internacional podría abrir el camino a la repetición de este tipo de condenas y al aumento de la represión en Irán.

ANHA