HRW: El Líbano impone restricciones discriminatorias a los niños refugiados sirios

Human Rights Watch (HRW) afirmó en un informe titulado “Dejen de politizar la educación de los niños refugiados en el Líbano” que las autoridades locales y los políticos en el Líbano están tratando de imponer restricciones discriminatorias que podrían llevar a que decenas de miles de niños refugiados se vean privados de sus derechos para la educación.

El líder del Partido de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, escribió en las redes sociales que el Ministerio de Educación debería exigir a todos los estudiantes que presenten documentos de identidad para registrarse para el año escolar 2024-25, tanto en escuelas públicas como privadas. Dijo que los estudiantes extranjeros, incluidos los sirios, deben tener permisos de residencia válidos para inscribir a los niños sirios en la escuela.

Esta decisión se tomó después de una serie de medidas discriminatorias contra los refugiados sirios adoptadas por las autoridades locales libanesas. Los refugiados sirios han visto limitada su capacidad para alquilar viviendas y abrir tiendas. También se están deportando a refugiados sirios indocumentados.

El alcalde de Sin el-Fil, Nabil Kahala, dijo que la decisión emitida por su municipio prohíbe a los niños sirios asistir a la escuela a menos que tengan un permiso de residencia legal.

Kahala explicó en una entrevista con el sitio web Alhurra que “no basta que un sirio tenga un documento que confirme su registro en las Naciones Unidas”. Los refugiados necesitan un permiso de residencia emitido por la Dirección General de Seguridad del Líbano para poder alquilar una casa, trabajar e inscribir a sus hijos en las escuelas.

Dijo que cualquier escuela que viole la decisión “será denunciada a las autoridades pertinentes”, subrayando que “esta medida no es racista, sino que representa la implementación de las leyes libanesas”.

Los hijos no registrados e indocumentados de alrededor del 80 por ciento de los refugiados sirios en el Líbano corren el riesgo de no poder asistir a la escuela.

El abogado y activista de derechos humanos Mohammad Sablouh califica esta decisión de “crimen contra la humanidad” y señala que “esta medida no tiene precedentes y no existe en ningún país del mundo”.

ANHA