Sentencia de muerte contra la activista kurda Warisha Muradi

El Sistema de Mujeres Libres en el Kurdistán Oriental (KJAR) emite una declaración el jueves 15 de octubre, después de que el Tribunal Revolucionario de Teherán emitiera una segunda sentencia de muerte contra la activista política y de derechos humanos kurda Warisha Muradi, detenida en la prisión de mujeres de Evin, en la que las instituciones judiciales y de seguridad de la República Islámica son directamente responsables de su vida y salud.

La declaración explica que el 15o Circuito del Tribunal Revolucionario de Teherán, encabezado por Abu Qasim Salwati, emitió una nueva sentencia de muerte de Warisha Muradi por cargos de pertenecer a un grupo rebelde, aunque la Corte Suprema iraní había anulado previamente la sentencia de muerte y devuelto el caso al tribunal para un nuevo juicio, y según los informes publicados sobre el caso, el tribunal no realizó las investigaciones solicitadas por la Corte Suprema.

El sistema describe la reemisión de la sentencia de muerte como un intento de vengarse de la lucha de las mujeres que aman la libertad y el movimiento "Jin Jiyan Azadî", y señala que Warisha Muradi fue sometida a tortura física y psicológica, y fue privada de tratamiento médico y visitas a su familia durante su período de detención de más de tres años.

La declaración responsabiliza plena y directamente a los servicios judiciales y de seguridad de la República Islámica por la violencia a la que está sometida Warisha Muradi, y por su integridad física y psicológica, y pidió a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a las federaciones de mujeres y a los movimientos de liberación que intervinieran de inmediato para abolir las sentencias de muerte y liberar incondicionalmente a Warisha Muradi y a todos los presos políticos que enfrentan el mismo castigo.

La activista kurda Wirisha Muradi, detenida desde agosto de 2023, se enfrenta a una sentencia de muerte que el Tribunal Revolucionario volvió a emitir en su contra después de una controvertida revisión judicial. La sentencia inicial emitida en noviembre de 2024 fue anulada por la Corte Suprema debido a deficiencias sustanciales en las investigaciones y violaciones procesales. Sin embargo, la repetición de la sentencia sin completar las investigaciones requeridas planteó preguntas agudas entre los círculos de derechos humanos y el equipo de defensa sobre el alcance de las obligaciones para garantizar un juicio justo y un debido proceso.

ANHA