Investigador: el amplio diálogo nacional es esencial para la redacción sostenible de la Constitución Siria

Las discusiones se centran cada vez más en la importancia de redactar una nueva constitución para Siria, la forma del estado en la siguiente fase y los mecanismos necesarios para gestionar la diversidad al tiempo que se salvaguardan los derechos y libertades.

En este contexto, el investigador de estudios políticos Samer Al-Dahi habla con la agencia de ANHA, esbozando su visión sobre los principios que la constitución anticipada debe incluir, las lecciones aprendidas de las experiencias constitucionales anteriores, el sistema de gobernanza más adecuado y los mecanismos para redactar una constitución capaz de responder a las necesidades de la sociedad siria.

Al-Dahi cree que el problema de Siria no se encuentra en la ausencia de principios constitucionales, sino más bien en la falta de mecanismos que hagan que estos principios sean vinculantes y exigibles. Afirma: "Una constitución llena de consignas no tiene sentido a menos que aborde las causas fundamentales de la crisis. Históricamente, Siria ha sufrido la concentración del poder y la ausencia de controles efectivos sobre la autoridad. Por lo tanto, cualquier nueva constitución debe garantizar que tal concentración no pueda volver".

Añade que los principios constitucionales más importantes no son declaraciones generales, sino normas aplicables, como evitar la concentración de la seguridad y el poder político en una sola mano a través de mecanismos constitucionales como la supervisión parlamentaria de las agencias de seguridad y la prevención de su autonomía financiera y administrativa.

También hace hincapié en la necesidad de una verdadera separación de poderes, asegurando que el poder ejecutivo no pueda controlar el poder judicial o la legislatura. Además, los militares deberían neutralizarse institucionalmente impidiendo su participación en la vida política y vinculando las promociones de alto nivel a mecanismos institucionales en lugar de políticos.

Al-Dahi enfatiza la importancia de la descentralización administrativa a través de mecanismos concretos que otorgan a las provincias poderes ejecutivos y relacionados con los servicios significativos en lugar de una autoridad simplemente simbólica. También destaca la necesidad de garantizar la independencia judicial a través de un presupuesto constitucionalmente protegido, en lugar de simplemente declarar dicha independencia, al tiempo que subraya un principio fundamental sobre el que no puede haber compromiso: la unidad del país.

En cuanto a las lecciones aprendidas de las constituciones sirias anteriores, Al-Dahi argumenta que la experiencia de Siria demuestra que el problema no eran necesariamente los textos constitucionales pobres, sino más bien el hecho de que el poder real era más fuerte que la propia constitución.

Señala que, en algunos períodos, las disposiciones constitucionales eran relativamente sólidas, sin embargo, las instituciones militares y de seguridad permanecieron fuera del equilibrio constitucional de poder. Al mismo tiempo, la centralización excesiva separó la toma de decisiones políticas de la sociedad.

Continúa señalando que la diversidad de Siria nunca se tradujo en instituciones efectivas; en cambio, se abordó a través de la negación o el reconocimiento simbólico. Como resultado, las sucesivas constituciones demostraron ser incapaces de proteger al país porque los verdaderos centros de poder existían fuera de ellas. Cada vez que esos centros de poder se debilitaban y se aíslaban cada vez más, el país se acercaba a crisis graves.

Según Al-Dahi, ignorar la diversidad no la eliminó; más bien, históricamente contribuyó a la acumulación de sentimientos de marginación entre diferentes grupos. Enfatiza que: "Aprender de esta lección no significa avanzar hacia sistemas basados en cuotas o división, sino más bien reconocer que la gestión de la diversidad requiere herramientas institucionales y políticas más flexibles que las empleadas por el estado sirio en las últimas décadas".

En cuanto a las garantías de los derechos de todos los componentes sociales, Al-Dahi argumenta que el error radica en tratar los "componentes" simplemente como una cuestión de reconocimiento simbólico, mientras que en la práctica se trata de gestionar los recursos y la autoridad de una manera que ofrezca beneficios tangibles a todos sobre una base en la que todos salgan ganando. Hizo hincapié en que las garantías reales no se logran solo a través del lenguaje constitucional, sino a través de la distribución práctica del poder.

Como ejemplo, cita la descentralización administrativa, explicando que no puede considerarse genuina a menos que a las provincias se les permita administrar parte de sus propios presupuestos y servicios en sectores como la educación, la atención médica y los asuntos municipales. Al mismo tiempo, la constitución debería garantizar un desarrollo equitativo a través de un fondo nacional administrado por el gobierno central, equilibrando los recursos entre las provincias ricas y más pobres de acuerdo con criterios legales en lugar de políticos.

Añade: "Las culturas locales también deberían empoderarse mediante la introducción de idiomas locales opcionales en el sistema educativo dentro del marco nacional, una medida que ha sido aprobada recientemente y debería consagrarse constitucionalmente".

En cuanto al sistema de gobernanza más apropiado para la siguiente fase de Siria, Al-Dahi argumenta que las discusiones se han centrado demasiado en las estructuras constitucionales en lugar de en sus funciones. Afirma que el verdadero problema no es elegir entre un sistema presidencial o parlamentario, sino más bien evitar el regreso del autoritarismo al tiempo que se garantiza la estabilidad.

Considera que un sistema semipresidencial cuidadosamente regulado es la opción más realista, mediante el cual el presidente es elegido y se le otorgan poderes claramente definidos, particularmente en asuntos de seguridad y exteriores, mientras que el gobierno sigue siendo responsable ante el parlamento en asuntos de economía y servicios públicos. El Parlamento también debería tener la autoridad para destituir al gobierno sin desencadenar el caos constitucional.

Subraya que la función es más importante que la forma y, por lo tanto, cualquier sistema político debe evitar la monopolización de la toma de decisiones al tiempo que otorga amplios poderes a las autoridades locales. También enfatiza que la descentralización debe aplicarse a todas las provincias y no debe vincularse a identidades políticas, étnicas o sectarias, ya que la distribución desigual de poderes podría crear nuevos conflictos en lugar de resolver los existentes.

Al discutir el mecanismo más adecuado para redactar una nueva constitución, Al-Dahi argumenta que el mayor error sería intentar redactar una constitución final a través de negociaciones integrales entre todas las partes a la vez, ya que esto a menudo conduce a un punto muerto o a textos de compromiso débiles.

Él cree que un enfoque gradual es más realista, especialmente porque la Declaración Constitucional otorgó a las autoridades de transición varios años para completar la constitución en lugar de apresurar el proceso.

En este sentido, propuso establecer un consejo paralelo temporal de expertos para que funcione como una segunda cámara del parlamento. La membresía se basaría en la experiencia, con miembros nombrados por el Presidente de la República tras la aprobación parlamentaria. El consejo tendría la tarea de preparar un borrador inicial en el plazo de un año, después de lo cual el proyecto se presentaría para un diálogo nacional que involucre a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y actores locales en todas las provincias. Enfatiza que este diálogo debe ser genuino en lugar de simplemente simbólico, como fue el caso en experiencias anteriores.

Al-Dahi concluye afirmando: "El borrador debería entonces ser modificado a la luz de los comentarios recibidos a través de este diálogo, sin reabrir todos los artículos para su renegociación. Finalmente, el texto debe presentarse al nuevo parlamento para su revisión antes de ser sometido a un referéndum popular".

ANHA